La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra España tras la denuncia del abogado alicantino Víctor Riera, en defensa de los derechos fiscales de más de 2.000 funcionarios europeos.
Celebramos un importante avance jurídico en la defensa de los derechos fiscales de los funcionarios y agentes de las instituciones europeas que residen en España.
La Comisión europea ha comunicado oficialmente la incoación de un procedimiento de infracción contra el Estado español, tras la denuncia formulada por nuestro socio-director, el Dr. Víctor Riera, abogado alicantino, Doctor en Derecho Financiero y Tributario y autor del libro “El régimen fiscal de los funcionarios y agentes de las instituciones de la Unión Europea” (Aranzadi, 2024).
¿El motivo? Una discriminación fiscal inadmisible
Durante años, España ha venido negando a miles de funcionarios europeos no residentes —como los empleados de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante— los beneficios fiscales que sí disfrutan otros contribuyentes residentes en relación con su vivienda habitual.
Estos beneficios incluyen la exención del Impuesto sobre el Patrimonio, reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la no imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, o la exención por reinversión en caso de venta del inmueble para adquirir una nueva residencia.
La denuncia presentada por nuestro socio-director Víctor Riera en 2020, tras un riguroso estudio del régimen fiscal derivado del Protocolo de Inmunidades y Privilegios de la UE, puso de manifiesto el trato desigual e injustificado que sufrían estos trabajadores europeos, a pesar de residir, trabajar y tributar en España.
Europa da un paso firme
La Comisión Europea ha concedido un plazo de dos meses al Gobierno de España para que corrija esta situación. De no hacerlo, podría enfrentarse a una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Si un funcionario europeo vive y trabaja en España, ¿por qué no puede acogerse al mismo tratamiento fiscal que el resto de los residentes? La posición del Estado español es difícil de justificar desde los principios fundamentales del Derecho de la UE, como la libre circulación de personas y capitales”, afirma Víctor Riera.
Un impacto directo para miles de trabajadores
Más de 2.000 funcionarios y agentes de instituciones europeas podrían beneficiarse de esta decisión, muchos de ellos destinados en Alicante (EUIPO), pero también en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Vigo, Sevilla, Torrejón de Ardoz o Bilbao.
La decisión de la Comisión no solo respalda jurídicamente la tesis defendida por RIERA CONSULTING, sino que abre la puerta a que estos trabajadores puedan reclamar la devolución de los impuestos indebidamente pagados en los últimos años.
Compromiso con la equidad y la seguridad jurídica
Desde RIERA CONSULTING, valoramos esta decisión como un claro respaldo al trabajo técnico y académico desarrollado por nuestro despacho, y confiamos en que el Gobierno español corrija cuanto antes esta situación. Como señala nuestro socio-director, Víctor Riera:
“Si España quiere ser un país atractivo para albergar sedes de instituciones europeas, debe ofrecer un marco fiscal justo, transparente y no discriminatorio para quienes vienen a contribuir con su trabajo a nuestro desarrollo económico y jurídico.”
Nuestro equipo se mantiene a disposición de cualquier funcionario europeo interesado en conocer cómo esta decisión puede afectarle y qué pasos puede dar para reclamar sus derechos fiscales.
¿Necesitas asesoramiento en materia fiscal europea o deseas saber si esta resolución afecta a tu situación personal?
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